viernes, 29 de diciembre de 2017

En Cuba el narcotráfico siempre ha sido una actividad para obtener divisas

Por Maibort Petit
@maibotpetit

El régimen de los Castro, al igual que los movimientos guerrilleros y los gobiernos totalitarios, se vale del tráfico de drogas como un mecanismo de financiamiento. Aunque tales señalamientos siempre ha sido difícil de comprobar, surgen elementos que revelan las relaciones y mecanismos implementados por los dictadores de la isla caribeña para obtener recursos que le permitan su supervivencia en el tiempo.
El narcotráfico ha sido una actividad delictiva que durante años ha servido para financiar tanto a movimientos guerrilleros como a regímenes totalitarios y comunistas cuando se han visto aislados en el concierto de las naciones por sus prácticas antidemocráticas o su imposición por la violencia como mecanismo para mantenerse en el poder o ejercer presión sobre la colectividad como es el caso de los primeros grupos.

El proceso de paz colombiano sirvió para hacer oficial lo que era vox populi en el mundo entero: Las FARC, como el resto de la guerrilla de la nación neogranadina se valían del tráfico de drogas para financiar sus actividades.

Regímenes como el venezolano, desde tiempos del fallecido Hugo Chávez hasta la administración de su heredero, Nicolás Maduro, al parecer, como se deduce de investigaciones llevadas a cabo en instancias judiciales y policiales en los Estados Unidos, dan cuenta de la incursión de grandes jerarcas de estos gobiernos en actividades delictivas de esta naturaleza. El caso de los familiares de la pareja presidencial venezolana, conocido como el de los “narcosobrinos”, pone de anteojo el uso arbitrario del poder para delinquir y enriquecerse indebidamente, tanto de los miembros de la cúpula gubernamental como de su entorno.

Caso aparte ha sido el cubano, el cual durante más de medio siglo ha logrado evadir toda investigación y ha sabido sortear las acusaciones que en algunos momentos han surgido señalándolo de mantener vínculos con el narcotráfico. De todos los señalamientos, en mayor o menor medida, ha logrado salir incólume y nada en concreto ha podido probarse en su contra pese a que desde varios países se señaló a Fidel Castro de haber contribuido al narcotráfico en América Latina. A la final poco o nada podía comprobarse.

Así había sido por lo menos hasta hace poco, cuando dos personajes cercanos tanto a Fidel Castro como al narcotraficante colombiano, Pablo Escobar, a saber John Jairo Velásquez alias “Popeye”, jefe de sicarios del finado jefe del Cartel de Medellín, reveló en su autobiografía los nexos que supuestamente mantendrían los hermanos Fidel y Raúl Castro con la red de narcotráfico tejida desde Cuba hacia México y los Estados Unidos.

Los detalles de la operación

Fragmentos del libro de “Popeye”, “El verdadero Pablo”, han sido dados a conocer por la prensa colombiana y en ellos el autor refiere la manera cómo se estableció la triangulación desde la isla caribeña para llevar adelante las actividades de narcotráfico con la anuencia del difunto dictador cubano y ahora con la de su sucesor y hermano.

Es más, Velásquez asegura que era Raúl Castro la persona encargada de recibir los cargamentos de droga toda vez que era quien estaba al frente del ejército cubano, al tiempo que agregó que en cada vuelo se despachaban entre 10 mil 12 mil kilos de estupefacientes con la mirada complacida de Fidel Castro. Refiere una nota del diario La Prensa de Nicaragua, publicada el 29 de noviembre de 2016.

A Popeye no lo amedrentan los señalamientos de que es sumamente difícil creerle a una persona con su prontuario cuando intenta involucrar a un líder mundial y, entonces salta al ruedo con la advertencia de que él no niega sus crímenes pero tampoco dejará que se catalogue de “líderes” a unos dictadores como los Castro.

Y para ilustrar sus acusaciones refiere una anécdota:

“A mí me puede llamar bandido, no hay problema. Pero le voy a contar más. A mi Pablo Escobar me envía al aeropuerto de México, del D.F., a encontrarme con el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Sí, así como lo escucha. A él le entregué una carta de parte de Pablo Escobar, es carta era para Fidel y Raúl Castro. Pablo Escobar le estaba pidiendo a Fidel un submarino ruso para llevar la droga desde México a La Habana, y con el submarino a Miami”[1], se lee en la nota.

John Jairo Velásquez asegura que Pablo Escobar y Castro entablaron amistad desde los tiempos en que estuvo en Nicaragua, aunque nunca tuvieron contacto personal sino epistolar y a través de terceras personas. El nexo entre ambos surgió mediante el comandante del M19, Álvaro Fayad y del guerrillero colombiano, Iván Marino Ospina. Pero en Infobae se dice que habría sido Jorge Avendaño, alias “Cocodrilo”, a través de Raúl Castro.

La revista Semana dice que fue Avendaño el contacto que permitió a Pablo Escobar relacionarse con Fidel Castro quien gira instrucciones para que la operación se concrete con Raúl Castro.
El Cocodrilo habría viajado a Cuba con un pasaporte falso y coordina todo con Raúl el trabajo que en Semana se describe de la siguiente manera:

“La droga se empacaba en condones y luego se unían varios preservativos en paquetes de un kilo, envolviéndolos en bolsas plásticas que eran selladas con cinta adhesiva. Salía del puerto de Buenaventura navegando hasta las costas mexicanas, donde era recibida por los socios locales; inmediatamente llegaba, era subida a aviones con matrícula mexicana y despachada rumbo a Cuba.

Con el apoyo de las autoridades cubanas, los aviones procedentes de México no tienen problema alguno. Allí, los militares cubanos, al mando del general Ochoa y el oficial Tony la Guardia, bajo instrucciones directas de Raúl Castro, se hacían cargo de la mercancía, custodiándola para posteriormente embarcarla en lanchas rápidas, tanqueadas con gasolina por cuenta de los cubanos, con destino a Estados Unidos, entrando por Cayo Hueso. Las lanchas iban y venían varias veces durante esas jornadas. Ya en costas estadounidenses, la droga era recibida por el ‘Mugre’, quien con su gente la trasladaba a varias caletas, situadas en Kendall, Boca Ratón y el mismo Cayo Hueso. Estas caletas eran casas residenciales, en donde se perforaba el terreno y, en tubos de PVC, para que no se humedeciera la cocaína, se enterraba la droga, esperando a ser distribuida en pequeñas cantidades a los minoristas, para ser comercializada en todo Estados Unidos. Cada caleta tenía capacidad de almacenamiento de hasta 2.000 kilos”[2].

Todo este entramado habría llegado a su fin a raíz de un decomiso efectuado por la DEA — sostiene Popeye — lo levantó un escándalo y significó el fin de la ruta cuando los cubanos detenidos en la operación delataron a los involucrados. Las averiguaciones de la oficina antidroga estadounidense apuntaron hacia el Cartel de Medellín y el gobierno cubano.

En el portal Infobae se amplían las declaraciones de Velásquez en una nota del 28 de noviembre de 2016, en donde manifiesta el beneplácito que experimentó Pablo Escobar sobre sus relaciones de narcotráfico con Raúl Castro. “Pablo (Escobar) estaba feliz con esa ruta (Colombia-México-Cuba-Estados Unidos). Decía que era un placer hacer negocios con Raúl Castro, pues era un hombre serio y emprendedor”.

Y se explayó en detalles refiriendo que esta operación se mantuvo por dos años aproximadamente bajo la conducción de “militares cubanos al mando del general (Arnaldo) Ochoa y el oficial Tony de la Guardia, bajo instrucciones directas de Raúl Castro (…) Esta ruta llenó las arcas del Patrón (como se le llamaba a Escobar), quien se encontraba ilíquido al comenzar los negocios con los cubanos, pues la guerra con el Estado colombiano (para evitar la extradición) le había demandado muchos recursos”[3].

En esta publicación detallan que Popeye aseguró que “los cubanos reciben 2.000 dólares por cada kilo de droga transportada y 200 dólares por cada kilo custodiado”.

La farsa de Fidel

La revista Semana indica que Fidel Castro no permaneció impasible cuando el escándalo que lo involucraba estalló y, en tal sentido, dispuso toda una farsa de investigación a manera de lavarse la cara y, de paso, la de su hermano, Raúl Castro. Se anunció de manera rimbombante que “la Revolución Cubana fue penetrada por el narcotráfico, en manos de unos apátridas y malos hijos, enquistados en el ejército revolucionario”.

Y dispusieron de un chivo expiatorio: el general Arnaldo Ochoa y once personas más que terminaron como los únicos responsables de todo este embrollo. Lo demás es historia, el general Ochoa fue fusilado junto a sus más cercanos colaboradores.

“Ante la comunidad internacional, el gobierno cubano cree haber puesto una cortina de humo al escándalo. Sin embargo, frente a los norteamericanos, la cosa es a otro precio. Me cuenta Pablo Escobar que, en un computador de la CIA y en las oficinas del Pentágono, duerme el caso. Pero no ha muerto, simplemente lo tienen archivado con el sellito de ‘información clasificada’ (…) Después de ese suceso, las comunicaciones entre Fidel Castro y Pablo Escobar tuvieron que silenciarse. No obstante, Pablo propuso a los militares cubanos canjear armas de fabricación rusa por droga, pero éste negocio nunca se concretó”.

Contacto Magazine agrega en nota sin fecha, que lo dicho por Velázquez coincide con lo afirmado por Fidel Castro durante una reunión del Consejo de Estado de Cuba, donde el gobernante la emprendió contra Ochoa y sus socios catalogándolos como “…unos hijos de puta, (al) tratar de mezclar a Raúl en esto”.

En esa ocasión Fidel Castro agregó que “si en algún lugar se sabe lo que hace la gente es en el MINFAR (Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias)”, lo cual corroboraba que lo difícil que habría sido para Ochoa y su gente llevar a cabo actividades de esta envergadura sin que sus jefes lo supieran.

“Desertores y expertos en temas cubanos han indicado que es imposible en Cuba realizar actividades como las que menciona ‘Popeye’ ahora y que se ventilaron en el juicio contra Ochoa y De la Guardia, sin que Fidel y Raúl Castro conozcan tales actividades, debido al absoluto control que ambos ejercen no sólo sobre las fuerzas armadas y los aparatos de inteligencia, sino sobre toda la sociedad cubana (…) Durante el juicio por narcotráfico de Ochoa y De la Guardia, prestó testimonio el entonces jefe de la contrainteligencia militar cubana, quien a una pregunta del fiscal respecto a cómo se había enterado de las operaciones de los acusados, el oficial respondió contradictoriamente que todo comenzó con una ‘orden del comandante en jefe (Fidel Castro)’ para que se investigara el caso (…) Expertos cubanos han comentado que un proceso de investigación de la contrainteligencia militar, por lógica, no empieza con una orden del jefe de Estado, sino al revés, con información que los servicios de inteligencia entregan al gobierno. Agregan que es imposible que un jefe de gobierno sepa más que su jefe de contrainteligencia militar y le ordene que investigue un delito”[4], reza la publicación.

Antecedentes

Pero esta no fue la primera vez que un narcotraficante involucraba al dictador cubano con el narcotráfico.

Ya en 1991 el narcotraficante colombiano, Carlos Lehder Rivas, mientras pagaba condena en una cárcel de Estados Unidos, aseguró que Fidel Castro estaba directamente implicado en el tráfico de estupefacientes, como lo reseñó el diario El Tiempo el 7 de junio del citado año.

Lehder sostuvo ante la televisión británica que él jamás hubiera podido entrar a la isla sin el consentimiento de Castro y agregó que el gobierno antillano permitió que aviones procedentes de Colombia con cargamentos de droga hicieran escala en Cuba para reabastecerse de combustible y de allí proseguir a los Estados Unidos.

La nota de El Tiempo refiere que el programa de la televisión británica investigó el tema y obtuvo las declaraciones de un ex-agente de los servicios secretos cubanos que aseveró haber visto a Fidel Castro ordenar que se creará una compañía cuyo objetivo fuera encubrir el tráfico de drogas.

Dispatches — que así se llama el programa de TV que hizo la entrevista y la averiguación — destacó que “muchos miembros del Ejército cubano fueron responsables de ser utilizados por el Cartel de Medellín para ayudar a transportar hasta seis toneladas de cocaína desde los aviones hacia los barcos con destino a Estados Unidos, con un valor en la calle de unos 150 millones de dólares durante un período de año y medio”[5].

El trabajo periodístico determinó que las evidencias demostraban operaciones de tráfico de drogas en las que se involucraban hasta quince embarcaciones todas las semanas y detalló que el gobierno cubano actuaba como intermediario del narcotráfico desde principios de los años ochenta, “desde que llegó a la isla Robert Vesco, el fugitivo acusado en Estados Unidos de desfalco millonario de fondos mutuos”.

Quería Fidel Castro, de acuerdo a las investigaciones, valerse del narcotráfico como estrategia de guerra contra Estados Unidos y para obtener divisas.

De vieja data

En un viejo artículo de Marcelo Fernández-Zayas reseñado en el portal Guaracabuya, este advertía que era sumamente difícil determinar cuándo Cuba comenzó a involucrarse en el narcotráfico y citaba que algunos, como Rodríguez Menier (Coqui), estimaban que estas actividades tendrían su origen en la década de los años ’70, pero esto es impreciso y por ello él prefería hablar de lo que estaba en capacidad de probar y afirmaba que había comenzado a principios de la década del 80.

Refería que el “colombiano Fabio Vázquez Castaño, vinculado a movimientos insurgentes colombianos logro establecer contacto con Manuel Piñeiro Losada (Barba Roja), director del Departamento América, sección de inteligencia del Partido Comunista Cubano. Vázquez Castaño propuso un negocio que consistía adquisición de armas de Cuba y pagos en cocaína. Piñero, expuso, a los más altos gobernantes cubanos que las drogas con destino a los Estados Unidos eran un elemento desestabilizador del gobierno y sociedad de este país. Al mismo tiempo, la cocaína era el equivalente a moneda convertible y por otro lado se ayudaba a los rebeldes colombianos. El negocio fue aprobado. La más alta jerarquía de Cuba era Fidel Castro, su hermano Raúl y el general y Ministro del Interior José Abrahantes. Aunque los hermanos Castro negaron conocimiento de este negocio, el mismo tenía forzosamente que ser conocido por el jefe de todos los servicios de inteligencia, general José Abrahantes”[6].

Y aunque el gobierno cubano insistía en afirmar que los cargamentos de droga confiscados eran destruidos mediante incineración, en realidad los estupefacientes eran almacenados en los depósitos del Ministerio del Interior, MININT. Quien se encargaba de supervisar la supuesta destrucción era el teniente coronel de apellido Del Rosal, quien estaba casado con una hija del jefe de inteligencia de Cuba, general Ramiro Valdés “Ramirito”. Fuentes de gran credibilidad, según Fernández-Zayas, aseguraron que lo que en realidad se incineraba eran desperdicios, es decir, basura. “La verdadera droga era transportada a barcos de la Marina de Guerra de Cuba, al mando del Almirante, Aldo Santamaría Cuadrado, quién después la transportaba a naves de contrabandistas o traficantes no residentes en Cuba”.

Luego las autoridades de Estados Unidos determinaron que los canjes de armas a insurgentes colombianos por droga, eran de origen estadounidense compradas enVietnam y la orden del intercambio emanaba del propio Raúl Castro.

Fernández-Zayas también hace referencia al coronel, Antonio de la Guardia Font, a quien cataloga como un James Bond del Caribe y quien junto a su hermano gemelo Patricio, habría estado más interesado en la dolce vita que en la política, pero que terminaron relacionados con Fidel Castro cuando a este le interesó su manera de desenvolverse.

Solía cumplir Antonio De la Guardia misiones especiales de inteligencia asignadas por el propio Fidel Castro en los Estados Unidos, donde el primer había estudiado su educación secundaria. Le encomendó, por ejemplo, “atraer un grupo de exiliados cubanos para un ‘diálogo’ en la década del 70. Este diálogo era parte de un proceso de acercamiento a Cuba por la administración del presidente Jimmy Carter, quién delegó su implementación al Secretario de Estado Cyrus Vance. Como resultado de este intento de acercamiento, los viajes legales a Estados Unidos de Tony De la Guardia se multiplicaron”.

De la Guardia iba con abundante efectivo y compraba gran cantidad de equipos electrónicos, lo que llamó la atención de quienes lo vigilaban desde el gobierno de EE. UU.

Fernández-Zayas también hace referencia a José “Pepe” Abrahantes, quien llegó a ser uno de los hombres más poderosos del gobierno cubano. Se comenta que enun cumpleaños de Fidel Castro le regaló una maleta llena de dólares y solamente comentó: “unos dólares para la revolución”.

Pues bien, Abrahantes se involucró con el narcotráfico de acuerdo a lo afirmado por Marcelo Fernández-Zayas, “posiblemente inducido indirectamente por el mismo Castro. Tal vez, uniéndose a los gemelos De la Guardia que desde hace tiempo estaban en este negocio utilizando, principalmente Panamá, México y Nicaragua.
Refiere que Tony De la Guardia era el jefe de una sección del Ministerio del Interior conocida como “MC (moneda convertible o en broma conocida como moneda capitalista o marihuana y cocaína)”.

Abrahantes aparte de ministro del Interior era jefe de la guardia personal de Castro y tenía el poder de tomar decisiones en algunas ocasiones a nombre de Castro que este terminaba ratificando.
Las averiguaciones de Fernández-Zayas refieren que varios factores incidieron para que se produjera la crisis del ’89 fue que Pablo Escobar se quejó con el presidente de Panamá, Solís Palma, de que los cubanos no estaban cumpliendo lo pactado con él, puesto que una patrulla le había interceptado uno de sus cargamentos en aguas de la isla. Se determinó que también se dedicaba a actividades de contrabando y todo terminó convertido en un escándalo. Se decía que Abrahantes tenía millones depositados en bancos extranjeros.

Abrahantes fue encarcelado cuando ya no fue posible ocultar más sus actividades, lo cual fue un duro golpe para Fidel y Raúl Castro.

Fusilar a Ochoa y a los otros implicados en el sonado caso no detuvo las operaciones de narcotráfico de Cuba, sino que, por el contrario, despertó un gran interés por obtener dólares fácilmente con esta actividad que se mantiene hasta la actualidad, pero habrá que hilar muy fino para determinar con precisión el modus operandi y los protagonistas de tales actividades.

[1] La Prensa. “La relación ‘secreta’ entre Pablo Escobar y Fidel Castro”. 29 de noviembre de 2016. http://www.laprensa.hn/mundo/1022036-410/la-relaci%C3%B3n-secreta-entre-pablo-escobar-y-fidel-castro

[2] Semana. “Los secretos de ‘Popeye’”.
 http://www.semana.com/portada/articulo/los-secretos-popeye/74292-3

[3] Infobae. “La historia secreta sobre la relación entre Fidel Castro y Pablo Escobar”. 28 de noviembre de 2016. https://www.infobae.com/america/america-latina/2016/11/28/la-historia-secreta-sobre-la-relacion-entre-fidel-castro-y-pablo-escobar/

[4] Contacto Magazine. “Fidel y Raúl Castro Vinculados al Narcotráfico”. http://contactomagazine.com/narcotrafico0814.htm

[5] El Tiempo. “Lehder implica a Fidel Castro en narcotráfico”. 7 de junio de 1991. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-97411

[6] Guaracabuya. “Cuba: Historia del narcotráfico”. http://www.amigospais-guaracabuya.org/oagmf007.php

miércoles, 27 de diciembre de 2017

Nuevos cambios en la directiva dejan a Pdvsa en poder de militares

Por Maibort Petit
@maibortpetit


Los nuevos nombramientos realizados por el gobierno de Nicolás Maduro en la empresa estatal Petróleos de Venezuela dejan claro que el sector militar asume el poder total de PDVSA. 
Desde el nombramiento del general de la Guardia Nacional, Manuel Quevedo como presidente de PDVSA y el Ministerio de Petróleo se empezó a poner en marcha la estrategia de Maduro de militarizar la primera empresa del país para lograr un apoyo sólido de las Fuerzas Armadas a su régimen autoritario. Durante 15 años los cargos de mayor importancia en la petrolera estatal habían sido ocupados por civiles.


He aquí los nuevos directos de la empresa petrolera estatal de Venezuela: 

1) Presidente de PDVSA GAS SA y vicepresidente de Gas
Nemrod Antonio Contreras Mejías CI. 11.606.408. 

2)Presidente de PDVSA Naval SA. y Presidente de PDVSA Marina S.A: Jesús Rafael Landa Borges,  CI- 6.970.985. Graduado en la Escuela de la Policía Naval.

3)Presidente de PDVSA Industrial SA y Presidente de Bariven S.A: José Gregorio González Mejías C.I-8.492.890

4) Vicepresidente de Comercio y Suministro:
Fernando Manuel de Quintal Rodríguez CI-16.888.354

5) Presidente de PDVSA Servicios Petroleros S.A
Rafael Antonio Urdaneta Torre CI-14.473.805

6) Presidente de Gas Comunal SA
Aurelio Antonio Cabrera Abraham C.I.  10.789.097.   Coronel activo.

7) Presidente de PDVSA Desarrollos Urbanos
Norman Alejandro Bordones Sánchez C.I 16.901.785

8) Presidente de PDVSA Ingeniería y Construcción S.A
Paola Claudia Posan Urdaneta C.I 6.562.445 

9) Presidente de PDVSA TV  S.A
Javier José López Espinoza C.I 17.079.145

10) Presidente de PDVSA Asfalto, S.A
Erling Perking Rojas Castillo C.I. 6.182.496

11) Director Externo de PDVSA
Rodolfo Clemente Marco Torres C.I- 8.812.571. Militar activo.

12) Gerente de Operaciones Aéreas de PDVSA
Manuel Enrique Mendible Moori C.I. 9592.890. Militar activo.


miércoles, 20 de diciembre de 2017

Piden levantar el sello que mantiene secreto el acuerdo suscrito entre Crystallex y el gobierno venezolano

Por Maibort Petit
@maibortpetit


El medio digital International Herald Tribune pidió a la Corte del Distrito de Delaware hacer públicos los términos del acuerdo al que llegaron Crystallex Corporation y el gobierno venezolano y que habrían puesto fin a una batalla legal que durante años mantienen las partes por deudas derivadas de la expropiación de los activos de la transnacional canadiense en Venezuela por parte del fallecido expresidente Hugo Chávez. El monto de la deuda es de US $1.2 millones más intereses. 



A través de una  misiva el mencionado medio solicitó al Juez Leonard P. Stark, quien lleva el caso de Crystallex vs. PDVSA, que eliminara el secreto sumarial que se impuso sobre el acuerdo entre la transnacional canadiense y el gobierno de Venezuela por ser contrario al interés público. El magistrado de la Corte del Distrito de Delaware ordenó a las partes que se explicara el acuerdo y, en respuesta, los abogados de Crystallex informaron que dicho acuerdo no pueden hacerse público por exigencia del gobierno de Venezuela.

Tras la explicación de los abogados de Crystallex de negarse a mantener el secreto del acuerdo, han surgido opiniones que señalan que necesariamente debe haber algo turbio en la negociación.

Los tribunales de los EE. UU. por lo general aprueban el secreto sumarial a priori bajo la presunción de que no existe daño si no hay oposición. Sin embargo, a un arreglo comercial no le es otorgado el carácter de secreto sumarial de no ser para proteger secretos industriales/científicos siempre y cuando no pongan en riesgo la vida humana y el ambiente. Por esto, el Juez Stark ordenó la publicación del acuerdo, sin embargo, el hecho de que Venezuela se oponga a su publicación presume razones ulteriores de tipo político adverso al estado de derecho.
En la misiva enviada por International Herald Tribune —medio que ha hecho una cobertura completa de las demandas de Crystallex en los tribunales de los Estados Unidos y Canadá— se informa al juez la preocupación  por el hecho de que el 1° de diciembre, el abogado de Crystallex haya presentado un documento sellado al Tribunal de Distrito Federal de Delaware que viola las reglas locales para el sellado sin ninguna autoridad aparente para la presentación de dicho documento bajo sello y, al hacerlo, ha violado el derecho de acceso del público a la información.

La petición firmada por el editor Russ Dallen dice que la Regla Local 5.1.3 requiere que "Los documentos [que] estén bajo sello deben archivarse de acuerdo con los procedimientos de CM/ECF, a menos que la corte ordene lo contrario".

Argumenta que el sellado del informe de estado conjunto de Crystallex archivado bajo el número (Dkt # 40) viola dos de los procedimientos del Distrito de Delaware en el sentido de que la regla establece que para la presentación de documentos civiles sellados en CM/ECF se requiere lo siguiente:

1. "La autoridad para presentar un documento sellado debe ser proporcionada por una orden de protección u otra orden de la Corte".

2. "Una versión redactada de este documento sellado debe ser archivada electrónicamente en 7 días".

La carta dice que el documento sellado fue entregado el 1° de diciembre y a partir del 11 de diciembre (11 días después), no se ha presentado ninguna versión redactada, tal como lo establece la ley. Lo más  importante —acotan— no se sabe de ninguna orden de la corte u orden de protección que permita la presentación de documentos sellados en este caso.

Se establece, sin lugar a dudas, en este Circuito que el público tiene derecho, tanto bajo el derecho consuetudinario como la Primera Enmienda de la constitución, para observar los procedimientos judiciales y revisar los registros judiciales en casos civiles.

Los solicitantes pidieron que el documento #40 del expediente de Crystallex sea abierto al público, ya que el dicho acuerdo no cuenta con una orden de protección u otra orden del Tribunal para mantener el documento bajo sello que ha sido puesto en secreto de manera incorrecta.

La solicitud destaca además que los casos de Crystallex tienen consecuencias para el público de los EE. UU., Canadá y Venezuela, así como para accionistas de la bolsa de valores de Estados Unidos.
Asimismo se asegura que el caso también tiene relevancia en razón a las sanciones que impuso el gobierno de los Estados Unidos que prohíben las negociaciones comerciales con la mayoría de los funcionarios venezolanos y bloqueando cualquier nuevo acuerdo de deuda con Venezuela y PDVSA.

La solicitud dice que el acuerdo de Crystallex con el gobierno de Venezuela puede haber chocado con las sanciones y el contenido del mismo podría revelarlo al darse a conocer los términos suscritos en el citado acuerdo de estado conjunto entre las dos partes que ahora permanece sellado.

Dice el medio de comunicación que en su política actual de "pos-verdad", los tribunales se han convertido en una de las pocas instituciones que todavía funcionan en la búsqueda imparcial de la verdad. Esperamos que se logre quitar el sello del informe de estado conjunto para seguir informando sobre este caso que requiere que sea tratado con absoluta transparencia.

El caso de Crystallex contra PDVSA responde al intento de hacer cumplir su sentencia de 1.2 mil millones de dólares contra Venezuela por la confiscación de los activos de la empresa canadiense por parte del gobierno del presidente Hugo Chávez. A fines de noviembre de 2017, las partes llegaron a un acuerdo, poco antes de una audiencia celebrada el 5 de diciembre para discutir la demanda de Crystallex que busca adjuntar activos pertenecientes a PDVSA.

La audiencia fue para abordar el argumento de Crystallex de que PDVSA es la el alter ego del gobierno, y el movimiento cruzado de PDVSA para descartar. Una decisión en favor de Crystallex habría dejado que los activos de PDVSA satisfagan su juicio contra el gobierno. Como se señaló en el Financial Times, una decisión pro-Crystallex también podría haber tenido implicaciones más amplias, permitiendo potencialmente que "los titulares de los bonos soberanos venezolanos incumplidos... busquen apoderarse de los activos de PDVSA, incluyendo potencialmente los de Citgo".

Bajo sospecha

El acuerdo es un poco misterioso. Los documentos relacionados se archivaron bajo sello, tanto en el caso de bancarrota de Crystallex en Canadá como en su demanda en la Corte Federal de Delaware. El deudor en posesión de Crystallex tiene derecho a conocer cómo procede el acuerdo.

Tal como informó Bloomberg, Crystallex recibirá algo cercano al valor nominal de su juicio, pero pagado con el tiempo. Los retrasos en el pago ponen en duda cómo se le pagará a Crystallex. "El beneficio para el gobierno es igualmente cuestionable. Por ahora, el acuerdo aplaza la audiencia prevista sobre el caso.

El 29 de noviembre de 2017, el Tribunal emitió una orden ordenando a las partes que presenten una informe de estado a más tardar el viernes 1° de diciembre de 2017, proporcionando las posiciones de las partes en cuanto a impacto, si lo hubiera, del acuerdo informado públicamente entre el Demandante Crystallex International Corp. ("Crystallex") y Deudor del fallo de la República Bolivariana de Venezuela ("Venezuela") sobre el estado de los casos actualmente pendientes ante el Tribunal (Crystallex International Corporation v. República Bolivariana de Venezuela, C.A. No. 17-171-LPS, Crystallex International Corporation v. PDV Holding Inc., C.A. No. 15-1082; y Crystallex International Corporation v. PDV Holding Inc., C.A. No. 16-1007 (las "Acciones de Delaware")), y asesorar al Corte del estado de la apelación pendiente en C.A. No. 15-1082.

En fecha 15 de noviembre de 2017, Crystallex y Venezuela entraron en un acuerdo de solución condicional —el "Acuerdo de conciliación"— para abordar y resolver lo relativo al conflicto por obligaciones de Venezuela con la minera canadiense. A este acuerdo arribaron las partes en virtud de la adjudicación de aproximadamente 1 mil 200 millones de dólares más intereses, emitida contra Venezuela por un tribunal arbitral en virtud del Mecanismo Complementario del Centro Internacional para la solución de controversias internacionales del Banco Mundial.

lunes, 18 de diciembre de 2017

Defensa de los narcosobrinos apela sentencia dictada por el juez Paul Crotty

Por Maibort Petit
@maibortpetit


La defensa del sobrino de la pareja presidencial de Venezuela, Efraín Antonio Campo Flores, acudió este lunes 18 de diciembre a la Corte del Segundo Circuito de Apelaciones para someter a consideración de un panel de jueces una serie de argumentos con los que pretenden que la decisión del juez de distrito, Paul Crotty sea revisada.
El abogado de Campo Flores firmó la petición que entregó a la corte, luego de pagar los montos exigidos por el tribunal del segundo circuito que equivalen a $505.00. El defensor de Franqui Francisco Flores de Freitas no había introducido el recurso de apelación hasta el cierre de esta nota.

Desde el 18 de noviembre de 2016, cuando un jurado halló culpables a Campo Flores y Flores de Freitas de conspirar para traficar y distribuir 800 kilos de cocaína, los equipos de la defensa de los acusados habían anunciado que apelarían la decisión del juez. Hasta último momento, la defensa no había aceptado la culpabilidad de los acusados por el delito por el cual fueron juzgados, sólo en el documento de resumen antes de la sentencia, se pudo leer que la falta cometida por sus clientes era grave, pero que  los demandados merecían la condena que estaba pidiendo la fiscalía que era no menor a los 30 años de prisión.

La defensa de Campo Flores y Flores de Freitas considera que la  condena decidida por el juez Crotty no es razonable, ni se ajusta a la naturaleza del delito por el cual fueron juzgados. 

Los casos criminales que van a la corte de apelaciones deben ser revisados por un panel de jueces y si dichos son aceptados, los abogados defensores tienen que exponer argumentos muy específicos en materia de violación en la aplicación de la ley, de la violación del derecho procesal.

En los próximos días se espera que el equipo de defensa de Flores de Freitas acuda al tribunal para apelar la sentencia.

Campo Flores y Flores de Freitas fueron sentenciados el 14 de diciembre de 2017 a permanecer 18 años en una prisión de los Estados Unidos y a pagar una multa de 50 mil dólares. Hasta la fecha, los sobrinos del presidente Nicolás Maduro y su esposa Celia Flores han estado encarcelados por 25 meses, con lo cual deberán pagar 15 años y 11 meses más de reclusión.

Los primos Flores pagarán su condena en el Centro Correccional Coleman ubicado en las cercanías de Orlando, en el estado de la Florida y ambos compartirán la celda por decisión del juez Crotty.

Seguiremos informando.. 

Conoce las lujosas propiedades que tiene el asesor de Jesse Chacón en Miami

Por Maibort Petit
@maibortpetit

El nombre de Enrique Rafael Cid Montes -quien fuera asesor del Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jesse Chacón, salió a relucir en un juicio que tuvo lugar en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York contra los empresarios Luis Díaz Jr. y Luis Javier Díaz, hallados culpables de lavar más de cien millones de dólares a funcionarios del régimen venezolano. Cid Montes habría comprado inmuebles en Miami con las coimas que recibió de contratistas venezolanos que pagaron millones de dólares para conseguir jugosos contratos con el régimen de Venezuela.
Durante el proceso judicial de los Díaz, se conoció que Enrique Cid se habría beneficiado del esquema montado por el consorcio KCT, una empresa que recibió contratos de Pdvsa, Cadafe y Corpoelec para atender las necesidades del sector eléctrico. KCT usó a Miami Equipment & Export, una pequeña empresa familia ubicada en el Doral, Florida,  como máquina de lavado de dinero. 
El consorcio venezolano transfería grandes sumas de dinero a ME&E y ésta a su vez enviaba los millonarios fondos a las cuentas de funcionarios y contratistas, incluyendo los mismos dueños de KCT que tenían varias empresas registradas en los Estados Unidos (y en paraísos fiscales) que usaban como mampara para lavar el dinero proveniente del Estado venezolano. 

Los documentos federales confirmaron que Enrique Rafael Cid Montes recibió sobornos que incluyeron miles de dólares que se usaron para el pago de un apartamento ubicado en una de las zonas más lujosas de Miami. Lo que no quedó claro fue si la costosa propiedad pertenece realmente al asesor o sí pertenece al exministro Jesse Chacón y Cid sólo actúo como frente del alto funcionario chavista-madurista. Las investigaciones sobre los funcionarios de este caso siguen su curso en las agencias federales del gobierno norteamericano.

De acuerdo a las evidencias mostradas por la fiscalía, la empresa Miami Equipment & Export pagó cientos de miles de dólares a la compañía de títulos Stewart Title Guaranty Company ubicada en 255 Alhambra Circle Suite 720 Coral Gables, 33134 por supuestos servicios de "asesoría en diseños de ingeniería", pero resultó que el dinero se usó para pagar servicios relacionados con la compra de un apartamento que formaba parte de los sobornos pagados por la empresa KCT a los funcionarios que intervinieron en la asignación de los contratos. 

Los fiscales neoyorquinos probaron que la compañía de título pagó al menos $294 mil 897, 50 dólares como parte de los costos correspondientes al pago de un condominio en Miami, a nombre de Enrique Rafael Cid Montes asesor -hasta agosto de 2015- del entonces Ministro Jesse Chacón. Miami Equipment recibió los fondos del Consorcio KCT y los pagó a Stewart Title Guaranty Company. Dicho pago fue sustentado por una factura falsa. 

Corrupción y lavado de dinero

Jesse Chacón fue Ministro de Energía Eléctrica desde 21 de abril de 2013 hasta el 19 de agosto de 2015 y durante su gestión la empresa Consorcio KCT recibió contratos del sector eléctrico. KCT y otras empresas lograron apoderarse de miles de millones de dólares que fueron destinados a comprar plantas eléctricas que resultaron ser vendidas con sobreprecio, en el marco de un enorme esquema de corrupción y lavado de dinero internacional que hasta ahora no tiene responsables en Venezuela.

En el juicio se comprobó que los sobornos pagados por el Consorcio KCT a los funcionarios del gobierno venezolano, incluyeron transferencias a cuentas del ex viceministro de Energía del gobierno de Chávez, Nervis Villalobos Cárdenas, al hermano del expresidente de Pdvsa, Fidel Ramírez Carreño y al ex-asesor del Ministro de Energía del gobierno de Nicolás Maduro, Jesse Chacón

Uno de los  acusados en el caso, Luis Díaz Jr. dijo frente al jurado que él "nunca decía que no a sus clientes", por ello desde su empresa transfirió millones de dólares a cuentas bancarias en los Estados Unidos y en varios paraísos fiscales del mundo, a nombre de contratistas y de los funcionarios que tenían autoridad en los entes del gobierno para asignar las contrataciones.

Viviendas lujosas en el imperio

Enrique Rafael Cid Montes fue contratado por Jesse Chacón como su asesor, y  gozó del privilegio de tener una oficina en la misma sede del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica en Caracas. De acuerdo al registro de propiedades de la Florida, Cid Montes compró dos propiedades en Miami. La primera está ubicada en 3440 NE 1ST Ave Apartamento #108, Miami, Florida, 33137-4069.  Por el espectacular inmueble pagó en 2012 $587.900.



Estas son las imágenes del edificio donde Cid Montes tiene su lujoso apartamento.





Enrique Rafael Cid Montes también posee un casa ubicada en  15433 SW 31 LN, Miami, Florida 33185-5903. En esta propiedad el ex-asesor del entonces ministro Jesse Chacón, aparece junto a  una mujer de nombre Roxana Lorena Urdaneta Prieto. 



Acá se pueden observar las imágenes de la residencial de Cid Montes




Investigaciones selectivas

La trama de corrupción que acabó con la principal empresa del país (PDVSA), y cuyos responsables aún no han sido tocados por la justicia continúa, a pesar de las supuestas acciones que está llevando a cabo el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Tarek William Saab y que han resultado en la presunta detención de más de 67 ejecutivos de la petrolera estatal.

De los funcionarios que recibieron dinero en la trama del caso Díaz sólo ha sido mencionado en Venezuela al ex-viceministro, Nervis Villalobos Cárdenas y el resto ni siquiera ha sido mencionado por el actual titular del Ministerio Público.  

domingo, 17 de diciembre de 2017

Los narcosobrinos no negociaron con el gobierno de los EEUU para disminuir su condena

Por Maibort Petit
@maibortpetit

La condena dictada por el juez de la causa a los sobrinos de la pareja presidencial venezolana a pagar una pena de 18 años en una cárcel no corresponde a un beneficio por delación. Campo Flores y Flores de Freitas no establecieron ningún acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos para ofrecer información a cambio de una sentencia menos severa.
Por el contrario, la defensa considera que es una condena no razonable por la ofensa cometida por sus clientes. Según fuentes ligadas al caso, los abogados presentarán un recurso  ante el tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito en los próximos días para pedir que se revise la decisión del juez de distrito por ser inapropiada.

En los documentos federales, los defensores de Campo Flores y Flores de Freitas dejaron claro que al inicio del caso, los fiscales plantearon a los ahora convictos un acuerdo para que se declararan culpables de los cargos impuestos por el gobierno, pero que dicho acuerdo fue rechazado porque no era beneficioso y suponía una condena muy larga.

La defensa argumentó en uno de sus memorandos a la corte que el gobierno pidió a Campo Flores y Flores de Freitas que aceptaran su responsabilidad por la ofensa, pero la declaración de culpabilidad no bajaba la pena, por lo cual no les quedó otra salida que ir a juicio.

Otras personas vinculadas al caso ratificaron que una negociación para delatar a otras personas no estuvo planteada por los Flores.

Semanas antes de que se produjera la lectura de la sentencia, se supo que terceros -que no eran familiares directos de los convictos- habían intentado establecer una negociación con la fiscalía para entregar información privilegiada a cambio de la reducción de la condena de los sobrinos de la primera dama Cilia flores. Esta propuesta -que no fue iniciativa de Campo Flores y Flores de Freitas- no llegó a concretarse.

Una vez concluido este período del proceso, Campo Flores y Flores de Freitas serán trasladados al estado de la Florida para pagar su condena en El Centro Correccional Coleman. Ambos estarán en la misma celda gracias a una indulgencia del juez que los sentenció.
Los sobrinos de la pareja presidencial venezolana tuvieron que pagar una multa de 50 mil 100 dólares cada uno, luego que la corte verificara que no estaban en capacidad de pagar un monto superior, dice el documento del tribunal.



El caso

Campo Flores y Flores de Freitas fueron sentenciados 25 meses después de haber sido arrestados en Haití el 10 de noviembre de 2015. Ambos fueron procesados por conspirar para importar y distribuir 800 kilos de cocaína a los Estados Unidos. 

Los Flores fueron hallados culpables por un jurado de doce personas que estimó que las evidencias presentadas por la Fiscalía demostraron -más allá de la duda razonable- que habían cometido el delito por el cual se les juzgaba. Todo un compendio de documentos, grabaciones de audio y video, chats y la propia confesión de los involucrados, sirvieron para que el panel emitiera un veredicto unánime de culpabilidad. 

En la audiencia del 14 de diciembre, los fiscales reconocieron que era exagerado que los Flores pasaran toda la vida en prisión y pidieron sentenciar a los sobrinos de la pareja presidencial venezolana a 30 años de cárcel.

El juez Crotty consideró la falta de antecedentes de los Flores tanto en Estados Unidos como en Venezuela, así como también sus discursos en los que alegaron que nunca pretendieron contribuir con el dinero de la operación con representantes políticos. 

Del tiempo de sentencia (18 años) hay que restar los 25 meses de reclusión que ya han cumplido, por lo que sólo restan unos 15 años y 11 meses de prisión a los sobrinos de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Campo Flores y Flores de Freitas purgarán su condena en el Complejo Correccional Federal Coleman, una cárcel de máxima seguridad ubicada en el centro del estado de la Florida, unos 80 kilómetros al noroeste de Orlando, 97 kilómetros de Ocala. 


viernes, 15 de diciembre de 2017

Fiscal de NY sobre el caso de los narcosobrinos: "Por participar en un plan descarado de tráfico de cocaína pasarán muchos años en una prisión estadounidense"

Por Maibort Petit
@maibortpetit


Tras conocerse la sentencia que Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, el fiscal interino del Distrito Sur de Nueva York, John H. Kim dijo que los dos condenados pasarán muchos años en una cárcel de los Estados Unidos por haber participar en un "plan descarado de tráfico de cocaína".
Campo Flores y Flores de Freitas fueron condenados por conspiración para importar más de 800 kilogramos de cocaína desde Venezuela a los Estados Unidos. Kim confirmó que el juez neoyorquino había dictado sentencia de 18 años de prisión a los familiares de la primera dama de Venezuela el 14 de diciembre de 2017. 

El fiscal destacó en su declaración que los dos hombres habían sido hallados culpables por un jurado el 18 de noviembre de 2016, tras un juicio de dos semanas ante el juez Paul Crotty.

Kim dijo que parte del dinero que se buscaba en la conspiración era para financiar la campaña electoral de la Primera Dama de Venezuela y tía de los implicados, Celia Flores. "Campo Flores y  Flores de Freitas diseñaron un plan para trabajar con la organización terrorista FARC para enviar -literalmente- toneladas de cocaína a los Estados Unidos". 

En el juicio celebrado en noviembre pasado, un jurado unánime vio su trama como lo que era: una conspiración masiva de distribución de drogas, afirmó Kim. 

El fiscal dijo que con la sentencia dictada por Crotty, "los familiares de la pareja presidencial venezolana pasarán muchos años en una prisión estadounidense, por participar en este descarado plan de tráfico de cocaína".

El funcionario del gobierno de los Estados Unidos hizo un recuento del caso y comentó que la evidencia presentada en el juicio probó que a partir de agosto de 2015 Campo Flores y Flores de Freitas trabajaron con otros sujetos en Venezuela, México, Honduras y otros lugares, para urdir un plan que buscaba traficar drogas a EEUU.

Dijo que la conspiración por la cual fueron condenados los dos hombres venezolanos "incluyó -al menos- un miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), una organización terrorista extranjera. Los sentenciados tenían como objetivo de despachar grandes cantidades de cocaína en aviones privados desde las instalaciones controladas por el presidente venezolano Nicolás Maduro en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela". 

Prosiguió señalando que la tía de los demandados, Cilia Flores, es la Primera Dama de Venezuela, y durante la investigación, Campo Flores y Flores de Freitas les dijeron a los informantes que actuaban bajo la dirección de la DEA,  que tenían la intención de usar parte del producto de su tráfico de drogas para financiar la campaña electoral de la esposa del presidente Maduro, quien era candidata a un escaño en la Asamblea Nacional de Venezuela en diciembre de 2015. 

Señaló que "las comunicaciones electrónicas incautadas en los teléfonos de los demandados también demostraron, entre otras cosas, que Campo Flores y  Flores de Freitas habían participado en un plan para solicitar sobornos a los deudores de la empresa estatal de petróleo y gas natural de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA , a cambio de promesas de que un primo, Carlos Erik Malpica-Flores, haría que PDVSA aprobara y pagar ciertas deudas".

__ A principios de octubre de 2015, un individuo que estaba cooperando con la DEA en Honduras ("CW-1 o El Sentado") informó a la DEA que un ciudadano hondureño había presentado al testigo cooperante a dos venezolanos, identificados posteriormente como los acusados, que estaban interesados ​​en enviar aviones cargados de cocaína con planes de vuelo de apariencia legítima desde Venezuela a Honduras. 

__ El 3 de octubre de 2015,  Campo Flores y Flores de Freitas viajaron a San Pedro Sula, Honduras, en un avión privado para asistir a una reunión con CW-1 para discutir el envío de cientos de kilogramos de cocaína desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar al Aeropuerto Internacional Juan Manuel Gálvez en Roatán, Honduras. Dos días después de la reunión, Campo Flores envió mensajes de texto a CW-1 que decía: "Lo que quiero es comenzar a trabajar porque la campaña electoral ya casi está aquí y yo siempre contribuyo. . . [con] dinero si sabes lo que quiero decir es por eso que quiero comenzar a trabajar".

A fines de octubre de 2015, dos fuentes confidenciales que trabajaban bajo la dirección de la DEA ("CS-1" y "CS-2") viajaron a Caracas, Venezuela, para reunirse con los acusados. CS-1 pretendía ser el jefe mexicano de la organización de tráfico de drogas con la que CW-1 estaba afiliado, y CS-2 pretendía ser un asociado de CS-1. El 23 de octubre de 2015, durante una reunión grabada por los informantes de la DEA, Campo Flores explicó:"[M] y mamá, es decir, Cilia Flores, se postularán para las elecciones y yo necesito. . . $ 20 millones. . . . En otras palabras, la cuestión del dinero. . . lo necesitamos para diciembre de 2015". 
Durante la misma reunión, Campo Flores reiteró: "Deseamos tomar posesión nuevamente de la. . . Asamblea Nacional y. . . varios lugares con poder ", acota Kim en su declaración.

Más adelante, el fiscal recordó que en otra reunión registrada en Caracas el 26 de octubre de 2015, "Campo Flores describió el plan de los acusados ​​de usar parte de las ganancias del narcotráfico para sobornar a funcionarios venezolanos locales que anticiparon asistirían a Cilia Flores en relación con las próximas elecciones. Campo Flores también le dijo a CS-1 y CS-2 que había habido un "acuerdo" que involucraba al oficial venezolano Diosdado Cabello, quien también ha sido sancionado de conformidad con  la E.O. 13692 - que permitió a la familia de los acusados ​​"controlar el petróleo por completo en Venezuela". 


NOTA: En una segunda versión de la declaración enviada por La Oficina de prensa del fiscal este párrafo donde se menciona a Diosdado Cabello como sancionado fue eliminado.

Ver segunda versión aquí.

En una tercera reunión registrada en Caracas, el 27 de octubre de 2015, los demandados presentaron a los informantes CS-1 y CS-2 una muestra, es decir un kilogramo de cocaína, refiriéndose a ella como un "pequeño animal", para que puedan probar la calidad de las drogas, añadió el funcionario.

El 6 de noviembre de 2015, Flores de Freitas y un guardaespaldas viajaron a Honduras en avión privado para reunirse con personas que actuaban bajo la dirección de la DEA y con los conspiradores, incluido el coacusado Roberto de Jesús Soto García, para continuar discutir el envío de cocaína. Durante la reunión grabada, Soto García indicó que numerosos funcionarios en el aeropuerto de Roatán, incluidos militares y policías, participarían en la recepción de la carga de drogas de los acusados. 

Flores de Freitas y Soto García procedieron a hacer planes precisos para el envío de drogas durante la reunión, y  Flores de Freitas acordó enviar la primera carga de cocaína serían enviada el 15 de noviembre de 2015.

El 10 de noviembre de 2015, los demandados volaron en un avión privado a Haití con la intención de recoger un pago inicial multimillonario por la cocaína. Durante una reunión grabada, Campo Flores describió la conexión de los acusados ​​con un "comandante supuestamente de alto rango" de las FARC, y ambos demandados indicaron que el primer cargamento de droga, que constaba de 800 kilogramos, estaba preparado para despacharse desde Venezuela. Después de la reunión, los dos sujetos fueron arrestados por agentes de la policía antidrogas  de Haití, expulsados ​​de ese país y trasladados en avión de la DEA al aeropuerto internacional del condado de Westchester en White Plains, Nueva York.
  
Además de los términos de la prisión, Campo Flores, de 31 años, y Flores de Freitas de 33, recibieron la orden de pagar al gobierno de los Estados Unidos una multa de $ 50,000.

Kim elogió el destacado trabajo de investigación de la División de Operaciones Especiales de la DEA, la Unidad de Investigaciones Bilaterales y la Fuerza de Ataque de Nueva York. Asimismo, el fiscal agradeció a la Oficina de la DEA de Puerto Príncipe, el Centro Nacional de Alcance de Aduanas y Patrulla Fronteriza, Airwing de la DEA, el Gobierno de la República de Haití, a la Policía Nacional de Haití, y la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia de los EE. UU. por su ayuda en esta operación que concluyó con una sentencia contra los culpables de delitos de narcotráfico.

Concluyó señalando que el caso había sido manejado por la Unidad de Terrorismo y Narcóticos Internacionales de su despacho y destacó el trabajo realizado por los abogados estadounidenses auxiliares Emil J. Bove III y Brendan F. Quigley que estuvieron al frente de la acusación de los primos Flores.

jueves, 14 de diciembre de 2017

LO ULTIMO: Juez condena a Narcosobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro a 18 años de prisión

Los sobrinos presidenciales lloraron al escuchar la traducción de la sentencia pronunciada por el juez. La defensa y la fiscalía se mostraron insatisfechas con los años de condena

Por Maibort Petit
@maibortpetit

Luego de haber transcurrido 25 meses desde el arresto de los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, el juez del Distrito Sur de Nueva York, Paul Crotty, leyó la sentencia que estipula pena que deberán pagar Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, por conspirar para importar y distribuir 800 kilos de cocaína en los Estados Unidos a través de la organización criminal que lideraban.

Este jueves 14 de diciembre llegó a su fin la larga espera que conllevó el proceso judicial que contra Efraín Antonio Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas, sobrinos de Cilia Flores y Nicolás Maduro, enfrentaron en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por conspirar para importar, traficar y distribuir 800 kilogramos de cocaína a los Estados Unidos desde un país extranjero. El magistrado determinó que los hasta ahora convictos deberán cumplir una pena de 18 años (216 meses) y a su vez pagar 50 mil dólares de multa.

Los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela purgarán su condena en una cárcel de máxima seguridad en el estado de la Florida, para facilitar que la familia de los convictos puedan viajar a visitarlos. Tanto la defensa como el gobierno no mostraron satisfacción alguna por la decisión del juez. Los abogados de Campo Flores y Flores de Freitas pidieron al juez que los sentenciara como máximo a 10 años de cárcel mientras que la fiscalía decía que una condena ejemplarizante para los culpables de delitos de narcotráfico.

En la sesión de hoy estuvieron presentes la esposa de Campo Flores, Jessair Rodríguez  quien lucía físicamente diferente, con una cabellera completamente rubia, aunque siempre vestida elegantemente y con carteras de marcas de diseñadores famosos. Asimismo, estuvo presente la madre del hijo de Flores de Freitas Jessika Contreras que también tenía corte de cabello diferente y lucía más modesta que Rodríguez.

En la petición de clemencia al juez, Campo Flores dijo que estaba arrepentido de haberle causado un daño a su familia con el caso que lo había puesto tras las rejas. Aprovechó para mostrar al juez que había aprovechado su tiempo aprendiendo hablar inglés y destacó que había estudiado las leyes norteamericanas tratando de entender la razón por la cual estaba viviendo esta experiencia.

Campos dijo en inglés: "I can talk in ingles now with my attorneys"(puedo hablar ahora en inglés con mis abogados. También dijo que amaba a su esposa y a sus hijos. Nunca mencionó a su tía primera dama, Celia Flores ni a su tío político, Nicolás Maduro.

Flores de Freitas por su lado dio un discurso en el que mencionó su trágica infancia, su dolor por haber dejado a su hijo de 9 años sólo. Destacó además que hacía trabajos de caridad en la cárcel, reparaba radios a sus compañeros de celda y que lo hacía  "con mucho cariño". Afirmó que ayudaba a otros prisioneros a superar la depresión que generaba estar privados de libertad.

Flores de Freitas tampoco mencionó a su tía Celia Flores. Sólo dijo que pedía perdón a su hijo de 9 años y a su abuela, y que trataba de de sacar una experiencia positiva de todo lo que estaba viviendo.

Un poco de historia


Este proceso contra los familiares de Nicolás Maduro y Cilia Flores se produjo después de que un Gran Jurado encontró méritos suficientes para acusarlos y proceder a ordenar su detención a objeto de someterlos a juicio en territorio estadounidense.

Sin embargo, no para pocos observadores del caso, esto apenas puede suponer el inicio de un largo proceso de impugnaciones y acciones judiciales tendentes a lograr un cambio de condena para los Flores.
Quienes se dieron a conocer mundialmente como los “narcosobrinos”, protagonizaron un hecho en el que no solamente ellos figuraron, sino que durante la investigación y el proceso judicial llegaron a verse salpicados otros personeros del ato gobierno venezolano, por lo que tal vez pueda preverse un largo camino por recorrer todavía.

Durante el juicio, se comprobó que los Flores dirigían una organización que mantenía nexos con la guerrilla terrorista colombiana de las FARC, organización que le suministraba los narcóticos que luego vendían a otras organizaciones para ser, finalmente, introducidos en los Estados Unidos.

Pero pese a las objeciones de la defensa, por ahora los sobrinos Flores deberán aceptar los términos de la condena, después de que un jurado determinó su culpabilidad con base a las pruebas y evidencias presentadas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, las cuales a criterio del panel evaluador, fueron contundentes para poder emitir su veredicto más allá de toda duda razonable, como lo estipula la norma en los casos de tipo penal.

El gobierno de los Estados Unidos presentó diversos documentos, grabaciones de audio y video, chats y la propia confesión de los involucrados, como pruebas que sirvieron para establecer la culpabilidad de los Flores y, posteriormente, el juez determinara la pena al analizar los distintos agravantes y circunstancias que rigieron los hechos.

El juicio a los Flores fue la consecuencia de una investigación que se inició en agosto de 2015 cuando un testigo cooperante de la DEA se comunicó con el agente especial del organismo, Sandalio González, para informarle que había sido contactado por un alto oficial de la policía científica venezolana que quería que recibiera a sus sobrinos en Honduras, pues estos estaban interesados en entablar negocios de narcotráfico con él. No tenía idea Bladimir Flores, a la sazón Inspector General Nacional del CICPC y hermano de la primera dama, Cilia Flores, que estaba enviando a sus familiares directamente al matadero. Resultó ser que el narcotraficante hondureño, Carlos Leva, mantenía un acuerdo de cooperación con la DEA a objeto de obtener beneficios y rebajas en la pena que él mismo debía enfrentar por narcotráfico.

Desde entonces tuvo ligar una averiguación en la que participaron el citado testigo cooperante, tres fuentes confidenciales, agentes especiales de la Administración para el Control de Drogas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés respecto al nombre Drug Enforcement Administration) y el FBI.

La captura de los Flores se produjo en Haití, donde la DEA obtuvo la colaboración del Bureau de Lutte contre le Trafic des Stupéfiants (BLTS, por sus siglas en francés, a saber, Oficina de Lucha contra el Narcotráfico, en castellano). Posteriormente el gobierno haitiano procedió a la expulsión de su territorio de los Flores a quienes entregó a la DEA para su traslado a Nueva York donde deberían enfrentar los cargos de narcotráfico que se les imputaron.

En tierra neoyorquina fueron recluidos en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York (MCC por sus siglas en inglés), ubicado a escasos metros del edificio 500 Pearl Street en Manhattan, donde funciona la Corte del Distrito Sur de Nueva York en la que fueron procesados.

Desde entonces inició para ellos la experiencia más penosa de toda su vida. El tiempo de reclusión previo a la condena, debió haberles servido de antecedente de lo que será su futuro de ahora en adelante.

Los Flores durante estos 25 meses que han transcurrido desde su arresto, han mantenido un escaso contacto con sus familiares, limitándose prácticamente sus visitas a recibir a sus abogados y a la representación consular venezolana.

Apenas en mayo de este año 2017, Efraín Antonio Campo Flores recibió a su esposa y a sus dos menores hijos y Franqui Francisco Flores de Freitas puso ver a su exesposa y a algunos familiares.

Quienes sí han sido los grandes ausentes, son sus poderosos tíos. Únicamente Nicolás Maduro dijo al octavo día de juicio, que estaban en presencia de un montaje para atacar a su esposa y primera dama.

Los abogados defensores de los Flores intentaron todo tipo de acciones para liberar a sus clientes de ser encontrados culpables y, posteriormente, ser sentenciados. Parte de su estrategia fue presentarlos como las víctimas de una trampa urdida por el gobierno de los Estados Unidos en confabulación con un grupo de informantes de dudosa reputación, que solamente estaban interesados en obtener beneficios y una pena menor por las acusaciones de narcotráfico que enfrentaban. Pese a todos los argumentos de la defensa, la Fiscalía demostró la experiencia y liderazgo de los Flores en las actividades del narcotráfico y otros hechos criminales.

Sin duda alguna, los Flores debieron enfrentar las consecuencias de sus actos, una de ellos, tal vez la más dura experiencias que seguramente han vivido, es el tener que escuchar el veredicto de culpabilidad del jurado, solamente acompañados de sus representantes legales.

La defensa enfiló todas sus baterías para enfrentar las acusaciones del gobierno y para rebatir los argumentos que se dejaron escuchar el 3 de octubre de 2017 cuando tuvo lugar una audiencia oral para determinar el nivel de gravedad de los hechos cometidos por los narcosobrinos, el cual se ubicó en el 43, un puntaje que los hacía acreedores a una pena de cadena perpetua.

El gobierno y los entes de justicia de Estados Unidos, tal es el caso de la Oficina de Libertad Condicional, se pronunciaron por la cadena perpetua o una pena no menor a los 30 años, mientras que la defensa de los Flores insistió en su absolución o en la repetición del juicio bajo el alegato de que había incurrido en errores procesales. Una y otra vez repitieron durante todo el proceso, que el de los Flores era un caso de drogas sin drogas y sin violencia.
Parte de la estrategia de los abogados fue presentar a sus clientes como unos “tontos” y “novatos” que se dejaron embaucar por unos astutos y corruptos informantes de la DEA que solamente requerían de “unos peces gordos” para obtener beneficios y la reducción de sus propias penas de narcotráfico.

No se equivocaron del todo, puesto que durante el juicio se demostró que CS-1 y CS-2, a saber José Santos Peña y su hijo, mantuvieron actividades de narcotráfico mientras colaboraban con la DEA. De inmediato, la fiscalía procedió a suspender los acuerdos, pero no las pruebas recolectadas por ellos logrando en esto el respaldo del juez Paul Crotty.

Durante el juicio quedó establecido que los Flores de novatos no tenían nada, toda vez que Campo Flores y Flores de Freitas, además de los hechos de narcotráfico, estuvieron ligados diversos hechos criminales, tales como asesinatos y descuartizamientos, sobornos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia para liberar a otros narcotraficantes, lavado de dinero a través de la estatal petrolera PDVSA, entre otros hechos.

Por otra parte, todo indica que el caso de los narcosobrinos sólo constituye una parte de una gran maraña de actividades criminales en los que estarían incursas otras figuras prominentes de la administración venezolana.

Se conoció, por último, que la defensa de los Flores solicitará que los sobrinos de la pareja presidencial venezolana sean trasladados a una cárcel de la Florida para facilitar a sus familiares y allegados visitarlos mientras pagan su condena.